¿Crisis? ¿Cual Crisis?
           Temas de Seguridad en Colombia

por

Daniel García-Peña⁵⁶

No obstante todas las dificultades enfrentadas en el proceso de paz durante el gobierno de Ernesto Samper (1.994 a 1.998), estos últimos cuatro años no han sido completamente perdidos; en realidad, hoy se puede mirar hacia el futuro con optimismo moderado.

Es parajójico que mientras Colombia enfrenta uno de sus peores momentos desde la perspectiva de una guerra intensificada, polarización política, un deterioro en la situación de los derechos humanos, y señales de una reanudada guerra sucia, hay a la misma vez mayor consenso que antes dentro de la sociedad sobre la necesidad de paz mediante diálogo.

La sociedad civil se ha mobilizado en un grado imprescindible y el momento del movimiento hacia la paz ha crecido dramáticamente. Por años limitado a los grupos de izquierda o de derechos humanos, el movimiento de paz hoy incluye un rango ancho de sectores sociales, algunos de los cuales – los más notables siendo la Iglesia Católica y la comunidad empresaria – habían sido indiferentes, por no decir abiertamente hostiles a esfuerzos anteriores de lograr la paz. Una indicación de este ensanchamiento es el hecho que líderes empresariales participaron en eventos marcando el primer aniversario del asesinato de los obreros del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).⁵⁷ De hecho, el conflicto armado, una vez visto como algo remoto, se ha transformado en un tema principal en la agenda nacional.

Mucha de esta transformación se debe al hecho que hay un mejor entendimiento del costo de la guerra para la nación y su economía. Un análisis preliminar reciente del Departamento de Planeación Nacional colombiano indica que el costo directo de la guerra y violencia representa cerca del 3,5 por ciento del producto interno bruto.

Hay un pleno reconocimiento que la posibilidad de una solución militar simplemente no existe y que la paz que se require debe ser "integral," debe incluir cambios sociales y estructurales que tratan de los contextos sociales y políticos en la raiz del conflicto. Al igual, hay un creciente entendimiento que el proceso de paz está relacionado al avance de los derechos humanos y que ese respeto al derecho internacional humanitario debe servir como un marco esencial en el camino hacia la paz. Un rol para la comunidad internacional, hasta hace poco un tema tabú, hoy se acepta abiertamente. Finalmente, hay el reconocimiento que una política de paz debe involucrar al estado entero – al igual que a la sociedad civil – y no simplemente al ejecutivo, como en el pasado.

De igual importancia ha sido la evolución de la actitud del estado hacia los grupos paramilitares, reflejados significantemente en la detención del empresario de esmeraldas y líder paramilitar Víctor Carranza por la oficina de la Fiscalía General de la República. El tema de la violencia paramilitar ya no es un tema dialogado por la izquierda solamente; se ha comenzado a reconocer correctamente que es una amenaza mayoritaria al imperio de la ley.

No obstante, la respuesta del estado al paramilitarismo todavía es altamente desproporcionada. En 1.997, el gobierno lanzó 546 ataques contra las guerrillas y solo seis operaciones contra los paramilitares. Los vínculos entre los militares y los grupos paramilitares deben ser quebrados y severamente penalizados, porque constituyen la peor amenaza contra la legitimidad del estado.

Las guerrillas han logrado varias victorias importantes contra el ejército nacional que claramente los posicionan en su mejor pie de guerra en términos militares. Pero aún así todavía son bastante débiles en términos políticos.

Mucho de su pérdida de prestigio está ligado a la acusación que estos tienen fuertes vínculos con el narcotráfico y se han convertido en narcoguerrillas o simplemente un nuevo cartel. Esta opinión de las guerrillas como mulas de las mafias narcos es incorrecta. Es evidente que las guerrillas demandan los llamados "impuestos del pueblo" sobre toda actividad relacionada con la producción de drogas ilícitas que se llevan a cabo en las regiones donde ejercen su influencia (al igual que todo otro negocio en la región paga "impuestos"), pero no hay ninguna evidencia que las guerrillas participen directamente en el negocio del nacrotráfico.

Tambien es un error pensar que han abandonado sus ideales revolucionarios por ganancias financieras. Al contrario: es precisamente por sus fuertes convicciones ideológicas que las guerrillas requieren apoyo financiero al por mayor. El movimiento guerrillero es una organización política que cree no tener otra vía que el conflicto armado para defender sus ideas. Proseguir una guerra requiere armas y las armas cuestan mucho dinero. Así pues el lucro de las guerrillas es una vía hacia un fin, no un fin en si. Altos ingresos financieros no traen riqueza a las guerrillas, pero simplemente proporcionan la manera de comprar las armas y el equipo requerido por la organización.

Es un error estratégico importante tratar a las guerrillas como si fueran un cartel de drogas. Los dos grupos tienen intereses completamente distinos, al igual que diferentes modos de llevar a cabo su actividad criminal.

Las guerrillas son ejércitos campesinos buscando reforma agraria. Aunque la capacidad del movimiento guerrillero de difundir un mensaje político claro a la nación está en crisis, ha pasado por una importante evolución. Su programa es hoy en día más reformista que revolucionario. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), por ejemplo, ya no demanda la nacionalización de los recursos naturales y la expulsión de las compañias transnacionales como lo hacía hace solo pocos años, pero en vez propone que las entradas del petróleo se usen para el desarrollo social y económico. Esto es muy similar a la posición oficial del gobierno, pero en realidad el tema ya es parte del mandato constitucional presente.

Colombia requiere una apertura política amplia para incrementar los nuevos campos emergentes sobre los últimos años recientes. También necesita permitir la creación de nuevas aperturas políticas para que los grupos insurgentes tomen parte del sistema democrático sin ser asesinados, como ocurrió en el caso triste de la Unión Patriótica.⁵⁸

Al igual, es importante ver al proceso de paz fundamentalmente como un proceso político y de poner al elemento militar en su contexto apropiado. Soy altamente escéptico y temeroso de las llamadas a recapturar terreno mediante más actividad militar, al igual que de la noción que las guerrillas deben ser golpeadas fuertemente para alcanzar un equilibrio de poder más favorable para las negociaciones.

Es importante fortalecer a las fuerzas armadas colombianas, limpiar su corrupción, y mejorar su efectividad en el campo de batalla, para demostrar a las guerrillas que no pueden ganar militarmente. Las guerrillas deben ser traídas a la mesa de negociaciones, y más importante, a un proceso de paz real, no mediante poder militar sino por la apertura de espacios políticos en las cuales alcanzar a cabo sus ideales. Pero es esencial no olvidar el hecho que la estrategia militar ha fracasado por décadas. No obstante, es crítico involucrar a las fuerzas armadas en el proceso de paz.

Otros temas claves que merecen consideración:

• Mientras la guerra persiste, no hay posibilidad de prevalecer en la guerra contra el narcotráfico, no obstante el tipo de medidas adoptado en las vastas regiones donde la guerra prosigue.

• La presión de los Estados Unidos es fundamental en áreas como los derechos humanos y la paz y sería de mucho mayor beneficio para Colombia que la fijación actual con el tema de las drogas. Eso si, sería un error ver a Colombia como respondiendo solo cuando amenazada.

• Aunque cualquier proceso de paz debe incluir a todos los grupos que participan en el conflicto armado, es importante diferenciar entre ellos. Grupos armados paramilitares, que casi siempre atacan civiles desarmados y no a las guerrillas, no se les pueden dar el status político que buscan (y que implica amnistía); tampoco deben estos tomar parte en los diálogos sobre asuntos políticos y sociales con los insurgentes. Lo que se puede discutir con los grupos paramilitares es su desmobilización y desarme.

• Rumores e informes recientes en la prensa sobre una posible intervención militar estadounidense, e informes que los insurgentes pueden llegar al poder en término de cinco años, solo sirven para aumentar la guerra y alentar a las guerrillas. Debemos internacionalizar la paz, no la guerra en Colombia.

Todas estas consideraciones me permiten mantener un optimismo moderado sobre el futuro cercano. El presidente entrante tendrá una buena oportunidad de construir sobre una fundación sólida que se ha edificado en los últimos años.

Por la primera vez en la historia del ELN, se habla de negociación. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) también se están abriendo. La paz no es solamente el fin de la guerra, sino la creación de una oportunidad histórica para que Colombia enfrente sus problemas subyacentes, que incluyen el subdesarrollo rural y una democracia exclusionaria. Desafortunadamente, la historia ha sido cruel en enseñarnos que mientras avanzamos hacia la paz, el conflicto tiende a incrementar. Así, las cosas se pondrán peor antes de mejorar.

No obstante, yo no comparto con el pronóstico que el conflicto colombiano es eterno y sin solución. Yo créo más en la capacidad de los colombianos a finalmente trabajar juntos, con la asistencia de la comunidad internacional, hacia la construcción de una paz firme y duradera.

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