¿Crisis? ¿Cual Crisis?Temas de Seguridad en Colombia
¿Crisis? ¿Cual Crisis?
Temas de Seguridad en
Colombia
El desafío de luchar contra el crimen organizado
y proteger los derechos humanos76
por
Mark A. Sherman
El acertijo colombiano
Todos sabemos que Colombia es huesped de las mayores organizaciones narcotraficantes y de una seria insurgencia guerrillera. También sabemos – por informes del gobierno estadounidense, organizaciones intra-gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) – que hay conexiones complejas y simbióticas entre las organizaciones narcotraficantes, grupos paramilitares, facciones de las fuerzas armadas y las guerrillas.77 Adicionalmente, sabemos que Colombia participa en el régimen legal internacional que gobierna las acciones del estado en términos de ejecución del derecho y la protección de los derechos humanos. Finalmente, sabemos que la aplicación del derecho internacional requiere la cooperación de estados soberanos, como Colombia.
Esta situación presenta un dilema para la aplicación del derecho internacional criminal y de derechos humanos en Colombia. ¿Cómo podemos luchar contra el narcotráfico y proteger los derechos humanos en Colombia al mismo tiempo que el gobierno colombiano (que supuestamente debe hacer ambas cosas) está involucrado en una estrategia de contrainsurgencia que usa alianzas ocasionales con los narcotraficantes y grupos paramilitares? La respuesta es que ninguno puede efectuarse con mucho éxito.
El problema actual de violencia política interna es significante y las alianzas que han activado a los compromisos legales del estado colombiano sobre el crimen internacional y los derechos humanos también son mayormente inadecuados. Los compromisos legales de luchar contra el narcotráfico son inadecuados porque mucho del aparato político-militar ha sido corrupto por el dinero narco y la ideología capitalista mafiosa correspondiente.78 Esto se refleja en la naturaleza reactiva del gobierno colombiano ante la aplicación de la ley anti-narcotráfico. Igualmente, los compromisos legales para proteger los derechos humanos han sido inadecuados, resultado de la disposición del gobierno de aliarse informalmente con los narcotraficantes y paramilitares contra las guerrillas. Los narcotraficantes y paramilitares cubren al gobierno con una especie de escudo legal, porque estos grupos no gubernamentales no están atados por los compromisos legales del estado.
Las alianzas entre el aparato político-militar colombiano, narco-traficantes, y paramilitares comparten la meta única de derrotar a las guerrillas y los que supuestamente los apoyan. Esta meta se puede alcanzar en una de dos maneras: pacíficamente, en la mesa de negociaciones o mediante el uso de fuerza militar. Aún si esta meta se alcanzara eventualmente, la comunidad internacional no debe confiar que el estado colombiano cumplirá con sus compromisos legales internacionales en la aplicación del derecho y de los derechos humanos. Esencialmente, no se puede esperar que Colombia cumpla con tales compromisos hasta que se implemente un sistema de democracia liberal caracterizado por el imperio de la ley. Esto augura a favor de una resolución pacífica al conflicto interno, con todas las partes participando en el resultado – gobierno, líderes del sector privado, jefes de sindicatos laborales, grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes – representados en la mesa de negociación. La verdadera democracia liberal (en oposición a la democracia "aliberal" actual)79 puede ser instituida con éxito sólo por un proceso; y sólo entonces podrá ganar legitimidad el estado colombiano y podrán sus compromisos internacionales de derecho criminal y derechos humanos ser tomados en serio.
Colombia, narcotráfico, y el derecho criminal internacional
La Convención Contra el Tráfico Ilegal de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1.988 (Convención de Drogas de Vienna, 1.988)80 es el tratado global primario gobernando la aplicación de derecho internacional en temas relacionados al narcotráfico. Su propósito es de promover la cooperación entre los estados signatarios para que puedan tratar más eficientemente de los varios aspectos del tráfico ilegal de drogas con dimensión internacional.81 El tratado impone a las partes la obligación de tomar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para cumplir con los requisitos de la convención. Contiene requisitos para tratar, entre otras cosas, con los siguientes puntos:
Colombia firmó el convenio en 1.988, pero no lo ratificó hasta 1.994 y ha sido lento en cumplir con los requisitos. Primero, no redactó una ley de confiscación y pérdida hasta 1.996. Esta ley sobrevivió una demanda legal en la Corte Constitucional en 1.997; pero según el Departamento de Estado estadounidense, aunque varias propiedades han sido confiscadas, ninguna ha sido perdida todavía y la orden se ha dado de entregar varias a los dueños originales.82 Segundo, el tratado de asistencia legal mutuo entre los dos países de la década de los ’80 permanece inaplicado y un acuerdo subsecuente de intercambio de pruebas negociado con los Estados Unidos en 1.991 ha sido abandonado. Tercero, Colombia rehusa corregir un defecto técnico que permitiría la implementación del tratado bilateral de extradición de 1.978 con los Estados Unidos. En este ámbito, es importante notar que la constitución colombiana de 1.991, implementada después que se firmó el Convenio de Drogas de Vienna de 1.988, contiene un requisito prohibiendo explícitamente la extradición de ciudadanos colombiano. Esta cláusula quedó en vigencia hasta 1.997, cuando el Congreso colombiano finalmente lo revocó. Finalmente, Colombia no promulgó legislación en contra del lavado de dinero hasta 1.995, y es más, no ha condenado a nadie con éxito bajo el estatuto.83
Hay nuevas iniciativas multilaterales anti-narcóticas que vale la pena mencionar tan solo porque Colombia participa en ellos. Primero, en el frente regional, en septiembre de 1.997, el Departamento de Estado estadounidense presentó su informe sobre Cooperación Multilateral de Control de Drogas Aumentado que resultó del trabajo que se llevó a cabo en la Cumbre de las Américas en 1.994 y las subsecuentes Conferencias Ministeriales de 1.995 y 1.996.84 La estrategia se confirmó en la Cumbre de las Américas de 1.998 y ha llegado a ser conocida como la "Alianza Anti-Drogas Multilateral" que usaría a la Organización de Estados Americanos (OEA) como una herramienta para evaluar el expediente de cada estado en el combate al narcotráfico.85 La estrategia es ambiciosa, y abarca la interdicción, el lavado de dinero, entrenamiento en aplicación del derecho, modernización judicial, coordinación de asistencia, asistencia al desarrollo alternativo, regulación de movimiento de precursores químicos, mejoramiento de la recolección e intercambio de información y la creación de un sistema multilateral de vigilancia y asesoramiento.
Globalmente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) patrocinará una Sesión Especial de la Asamblea General sobre el tema de las drogas en junio de 1.998. La sesión se coordinará con el Programa de Control de Drogas de la ONU y su propósito es entrar en una reflexión global sobre la eficiencia y viabilidad de las estrategias anti-drogas durante la década pasada y analizar métodos de mejorarlas. La Sesión Especial enfocará en la producción ilegal de drogas, la reducción de la demanda, la cooperación judicial, el lavado de dinero, la producción de drogas sintéticas y el control de los precursores químicos.86 Más específicamente, los objetivos de la sesión son los siguientes:
Colombia, el narcotráfico, y el derecho internacional a los derechos humanos
Colombia es partidario de los principales acuerdos globales y regionales de la pos-Segunda Guerra Mundial sobre los derechos humanos, incluyendo pero no limitados al Convenio Internacional Sobre Derechos Cívicos y Políticos 88y el Convenio Americano Sobre Derechos Humanos.89 El propósito primario de la ley internacional sobre derechos humanos es imponer obligaciones a los estados de respetar y proteger tales derechos. De esta manera el estado tiene la obligación de no violar los derechos humanos, debe juzgar a funcionarios estatales cuando éstos violen los derechos humanos, y también debe tomar pasos para prevenir que grupos no-gubernamentales organizados violen tales derechos. En este ámbito, Colombia tiene uno de las peores experiencias del Hemisferio en el cumplimiento de sus convenios internacionales.
La falta de respeto a los derechos humanos básicos y particularmente los derechos civiles y políticos, ha sido un problema en Colombia que se anticipó el fenómeno del narcotráfico. Esta situación deprimente de derechos humanos tiene raíces en la lucha tradicional sobre el control de la tierra – o sea, del poder – entre las elites y los campesinos. El advenimiento de las organizaciones narcotraficantes ha simplemente complicado la situación aún más al crear un nuevo grupo social compitiendo por el control de la tierra y el poder. Según el Departamento de Estado estadounidense, mientras las fuerzas de seguridad colombianas son responsables por algunos abusos a derechos humanos, actores organizados no estatales como los grupos paramilitares derechistas – que actúan independientemente o en conjunto con las fuerzas armadas – y organizaciones guerrilleras izquierdistas, aparentemente son responsables por la mayoría de los actos de violencia contra la población civil.90 La situación de derechos humanos se caracteriza por serios problemas en áreas como las siguientes:
El gobierno colombiano se ha involucrado en un número de políticas que han servido para empeorar la situación política interna. Dos de éstas políticas merecen mención específica: primero, el gobierno, desde la década de los ’80, ha aprobado el uso de Cortes Regionales o de "Orden Público" en la cual los jueces y testigos son anónimos, así negándole acceso legal a cualquiera condenado ante tal tribunal.91 Este sistema de corte ha sido abrazado por la ley colombiana. A pesar del propósito original de este sistema judicial – esencialmente de proporcionar un foro para enjuiciar a terroristas y narcotraficantes – las cortes han sido usadas para enjuiciar a líderes de sindicatos laborales y civiles considerados por el gobierno de ser subversivos políticos.92
Segundo, el gobierno colombiano ha también apoyado la organización de cooperativas rurales de autodefensa. Estas organizaciones, conocidas como CONVIVIR, originalmente proporcionaban inteligencia anti-subversiva a los comandantes locales de la policía y las fuerzas armadas. Según el Departamento de Estado estadounidense, hay aproximadamente 700 grupos que operan con armas proporcionadas por las fuerzas armadas, aunque persiguen sus propias agendas. Aunque las fuerzas armadas admiten que muchos de estos grupos son responsables por abusos a los derechos humanos, se rehusan a asumir la responsabilidad de detenerlos.93
Análisis
La experiencia histórica demuestra que la aplicación de la ley anti-narcotráfico colombiana ha sido reactiva. Esto es probablemente porque la clase política colombiana tradicionalmente nunca ha considerado al narcotráfico como un problema criminal serio, a menos que la violencia de los narcotraficantes haya sido dirigida hacia las instituciones del gobierno. De hecho, segmentos de la clase política comparten la ideología de la industria ilícita de drogas que, como la ideología política colombiana, enfatiza el poder económico y político entre personas de descendencia europea para controlar la mayoría de la población.94 Este punto de vista ideológico compartido ha llevado a que grupos de la clase política se beneficien de la generosidad económica creada por la industria ilegal de las drogas en Colombia. Como resultado hay poca iniciativa política para que la clase política persiga seriamente una política de aplicación de la ley anti-drogas. Así, pues, aunque Colombia es parte de la Convención Sobre Drogas de Vienna de 1.988, solo de mala gana ha elaborado legislación interna diseñada a implementar los requisitos del Convenio, y aunque ha investigado, capturado, o matado a algunos de los capos narcotraficantes, en general, su compromiso de implementar la ley criminal anti-drogas se sospecha de no ser seria.
Ultimamente, el narcotráfico en Colombia no puede ser separado de la situación de violencia política que azota al país. Así, no puede ser efectivamente analizado separadamente dentro o afuera del país como un tema "criminal." El narcotráfico es un fenómeno político y económico que la elite colombiana ha llegado a aceptar y en cierto grado ha participar. Porque el narcotráfico ha llegado a considerarse como una empresa hasta cierto punto legítima en Colombia, el régimen de derecho criminal internacional que gobierna el narcotráfico, y que depende de los estados soberanos para su aplicación, en Colombia continuará siendo fundamentalmente inefectivo.
De la misma manera, la historia indica que el compromiso colombiano con la protección de los derechos humanos ha sido también reactivo. Considerando la discusión anterior sobre las razones subyacentes de la pésima historia colombiana, es fácil de entender porque la falta de cumplimiendo de sus obligaciones internacionales vís-a-vís la protección a los derechos humanos. Según el Departamento de Estado estadounidense95 y la Comisión Inter-Americana sobre los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos,96 las organizaciones narcotraficantes frecuentemente trabajan junto con las organizaciones paramilitares derechistas y facciones de las fuerzas armadas colombianas en buscar la muerte o el desplazamiento de civiles como castigo por la percepción de vínculos con las guerrillas. Han tomado como blanco a líderes de sindicatos laborales, maestros, activistas comunitarios, alcaldes y otros.
En última instancia, los compromisos legales del gobierno para la protección de los derechos humanos no pueden ser tomados en serio porque, mediante las fuerzas armadas, está involucrado en alianzas con grupos violentos e implementa políticas que agudizan la situación deprimente de los derechos humanos en Colombia. Esta contradicción es más significante al combinarse con el hecho que el gobierno ahora ejerce control efectivo sobre solamente 57% de las municipalidades del país. Con este hilo enredado en mente, la aplicación de ley anti-drogas y la asistencia militar de otros países puede fácilmente ser abusados por las fuerzas armadas y sus aliados para pagar cuentas políticas y personales, con un efecto negativo sobre los derechos humanos. De hecho, tan recientemente como el año 1.997, la Oficina de Contaduría General (General Accounting Office) estadounidense informó que su control sobre la asistencia a Colombia continúa siendo un problema, no obstante el requisito legal estadounidense que exige control de uso final.97
Este análisis indica que el derecho internacional sobre crimen y derechos humanos será legítimo sólo cuando la violencia política interna se acabe. Hasta entonces, iniciativas de aplicación de ley anti-droga bilateral y multilateral que involucran a Colombia no tendrán efecto positivo. Pedidos continuas a que el gobierno mejore su acción sobre los derechos humanos al mismo tiempo que persigue una estrategia contrainsurgencia en alianza con grupos no gubernamentales violentos, también tendrán poco efecto. Al final, para imponer el derecho internacional sobre crimen y derechos humanos, con respecto a Colombia, la violencia interna debe terminarse en una manera que fortalezca la legitimidad del estado colombiano. Por consiguiente, debe ocurrir a través de un proceso que abraza todas las facciones belicosas que incluye a los narcotraficantes quienes deben ser considerados como actores políticos. En el corto plazo, semejante acercamiento probablemente engendará un reproche fuerte de los Estados Unidos, porque levantaría el interrogante de la voluntad colombiana en cumplir con sus obligaciones internacionales en la aplicación de ley anti-narcótica. Debido a los lazos históricamente estrechos entre Colombia y los EE.UU., semejante movimiento sería sumamente difícil para que Colombia siquiera lo contemple. Pero, si Colombia posee la voluntad de atreverse a tal acción, es posible que encuentre a muchos amigos en la comunidad internacional que concuerdan con su acción y sólo esperan una excusa para romper fila con la política de aplicación de ley anti-narcótica estadounidense. Además, a largo plazo, en tomar acción para reforzar a la democracia, el estado colombiano puede crear una fuerza interna a favor de una democracia liberal poderosa, lo que le permitirá escoger cuales obligaciones internacionales conforman con la idea de democracia liberal colombiana y, así engendran conformidad proactiva.
Conclusión
Colombia participa en el régimen de derecho internacional que cubre el narcotráfico y protege los derechos humanos. En este ámbito, porque Colombia es huesped de muchos narcotraficantes y una insurgencia guerrillera peligrosa, esta situación presenta ante la comunidad internacional un enigma para la aplicación del derecho internacional sobre el crimen y los derechos humanos: Cómo luchar contra el narcotráfico y proteger a la vez los derechos humanos en Colombia mientras el gobierno (que debe hacer ambas cosas) está involucrado en una estrategia contrainsurgente que involucra alianzas ocasionales con los narcotraficantes y grupos paramilitares.
El análisis instantáneo ha ilustrado que ninguno de los dos puede hacerse con mucho éxito. Repito: la aplicación del derecho internacional requiere la cooperación de actores estatales. La situación corriente en Colombia, que involucra violencia política interna, en la cual existen complejas relaciones simbióticas entre facciones combatientes, rinde al estado incapaz de llevar a cabo sus obligaciones bajo el derecho internacional sobre el crimen y los derechos humanos. Su historia se caracteriza como reactiva y, desde luego, inadecuada. Por eso, nuevas iniciativas anti-drogas en Colombia serán inefectivas y posiblemente contra-producentes en términos de la protección de derechos humanos si estas incrementan el poder militar del gobierno colombiano y sus aliados violentos no gubernamentales. Al igual, pedidos para que el gobierno colombiano mejore su acción en los derechos humanos tendrá poco impacto positivo inmediato, mientras que el gobierno continúe persiguiendo una estrategia contra la insurgencia que involucre alianzas con grupos violentos no gubernamentales.
Por último, Colombia permanecerá incapaz de cumplir con sus obligaciones internacionales hasta que resuelva su situación política interna e implemente una democracia liberal caracterizada por un compromiso al imperio de la ley. Esto puede lograrse sólo mediante un proceso de resolución pacífica al conflicto que incluya a todas las partes en conflicto. Esto también debe incluir a los narcotraficantes que, aunque técnicamente criminales bajo la ley colombiana e internacional, son actores importantes y aceptados en la política colombiana. Pero, si la voluntad existe, tal proceso podría permitir al estado colombiano obtener la legitimidad necesaria para que el país pueda escoger la obligación internacional que mejor conforma con su concepto de democracia liberal.
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