¿Crisis? ¿Cual Crisis?
           Temas de Seguridad en Colombia

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El proyecto que lanzó este libro consistió de cuatro fases: una presentación al Director del Estado Mayor Conjunto; un estudio de escenarios posibles para el futuro de Colombia, un seminario con el propósito de recomendar soluciones específicas al problema de la inestabilidad en Colombia para los líderes militares estadounidenses y colombianos; y finalmente, este libro. Afortunadamente, el proyecto coincidió con un crecimiento en el optimismo colombiano de que un proceso de paz mediante negociaciones era la mejor solución al conflicto, lo que proporcionó a los participantes amplio material para reflexión y análisis. También este crecimiento ed interés en un proceso de paz proporcionó un escenario más optimista, porque ninguno de los otros escenarios resultaron en una transición pacífica a la estabilidad para Colombia. Antes de repasar los escenarios, es necesario mirar a la posición colombiana hoy en día, para definir los problemas y asesorar las fortalezas y debilidades de todos los actores involucrados.

La gobernación en Colombia está a un nivel tan bajo que es casí posible hablar de la anarquía. La violencia es tan común que nada escandaliza al pueblo por más de uno o dos días, un resultado de haber sufrido la guerra creciente por ya más de treinta años. Esta guerra ha sido una de baja intensidad, aunque está hoy alcanzando niveles imprescindibles que amenazan la estabilidad y la democracia en el futuro colombiano, y no sólo internamente, sino en términos de las relaciones con los vecinos inmediatos y el contexto regional.

Muchos estudios, escritos por analistas colombianos y del extranjero, han diagnosticado la realidad del problema colombiano. Existen muchos estudios de los insurgentes, de los narcotraficantes y más recientemente, de los muchos grupos paramilitares que han surgido en todo el país. La capacidad de estos tres grupos de causar daño es bien conocida, al igual que sus tácticas y estrategias y sus metodologías de operación están bien cuantificadas y aun así, hasta la elección de Andrés Pastrana basada en su promesa de negociar con todos, no había un plan creíble o un análisis completo para combatir estos grupos armados. Uno de los puntos levantados a través de este proyecto es que los colombianos necesitan examinar sus propias instituciones de gobierno para determinar la capacidad actual para enfrentar las amenazas a su estado. Colombia necesita políticas y estrategias bien definidas mediante consenso, sobre las cuales la sociedad pueda basar planes de acción en todo el país para implementar un proceso abierto de reforma, para así eliminar a las fuerzas que operan en contra de la paz. Colombia necesita un consenso de gobernación para sobrevivir como estado, para desarrollarse como sociedad y para producir un ambiente de paz y estabilidad en la cual todos los colombianos compartan igualmente las responsabilidades y los beneficios de la democracia.

Una gran parte de la política estadounidense hacia Colombia se relaciona con el tema de las drogas: la certificación, asistencia anti-narcótica, apoyo militar para los programas de erradicación y otros temas afines. Y con buena razón: las drogas son un problema serio para ambos países. En 1.996, por ejemplo, los EEUU sufrieron 1,5 millón de detenciones por violaciones a las leyes anti-drogas, 3,6 millón de personas que usaron cocaína, generando un calculado $30 mil millones en ingresos brutos a los traficantes (una ganancia neta de $8 mil millones para las mafias de Colombia). Cientos de millones de dólares han sido usados para reducir el flujo de cocaína y heroína proveniente de Sudamérica, hasta hoy con poco efecto. Pero el problema para los intereses estadounidenses es que las drogas son un síntoma del problema de seguridad en Colombia. La causa real es una falta de justicia que fomenta un ambiente de inseguridad en el cual prosperan la corrupción, la insurgencia, el narcotráfico y el crimen común. No sólo Colombia y los EEUU se sienten afectados, porque estos problemas cruzan las fronteras, poniendo bajo sitio la justicia y la seguridad de los estados vecinos, y especialmente los estados más pequeños de Centroamérica y el Caribe.

Un segundo tema de interés para la política estadounidense hacia Colombia es el de las violaciones a los derechos humanos. Este tema es vital a cualquier acuerdo pacífico, para poner fin a la inestabilidad colombiana. La población debe tener la confianza que su gobierno puede protegerlos de la violencia y la impunidad para que vivan en seguridad. Pero esto también es un síntoma del mal que aflige a Colombia, no una causa. El nivel tan bajo de justicia disponible en el país ha creado un ambiente de impunidad en la cual los que poseen la voluntad y capacidad para atacar a la sociedad lo hacen, sin temor de retribución. De manera que si un guerrillero no teme represalias por atacar pueblos indefensos, o si un paramilitar no teme represalias por matar a los que sospecha de apoyar a las guerrillas, o si un oficial militar granuja no teme represalias por llevar a cabo juicios extra-legales, las violaciones a los derechos humanos continuarán a paso. Le corresponde al gobierno proporcionar un ambiente en el cual actos ilegales no ocurran con impunidad. La solución para Colombia no es re-entrenar a los oficiales gubernamentales (incluyendo a los integrantes de las fuerzas armadas) a respetar a los derechos humanos, aunque esto es un programa requerido. A Colombia le corresponde imponer una justicia tal que las guerrillas, los grupos paramilitares, y los criminales temen suficientemente ser tomados responsables por sus acciones que no atacan a los que ellos consideran más débiles. La incapacidad del gobierno en proporcionarle seguridad al pueblo es lo que facilita la gran impunidad de lo que los líderes castrenses llaman "agentes de violencia."

La alta tolerancia en la población en general y en las instituciones del gobierno a las continuas malas noticias, tomadas con una gran calma fácil, es algo que le añade a la inestabilidad colombiana. Ocasionalmente se escuchan estallidos de indignación demandando cambio, pero después de cada uno el debate público disminuye y la sociedad retorna a lo que pasa por normalidad, hasta que la próxima crisis cause un nuevo escándalo. El Departamento de Estado estadounidense, en su informe sobre derechos humanos de 1.997 indica que sólo el tres por ciento de casos criminales llegan a juicio y que las tasas de condena son bajas. Con tal estadística pesimista, es fácil entender porqué la sociedad colombiana acepta tanta violencia como un modo de vida: la justicia de hoy en día es lo que el individuo puede lograr, no lo que proporciona el estado. El resultado es que la impunidad es sumamente alta entre individuos con la capacidad y voluntad de hacer lo que pueden para protegerse. El resultado es también una creciente anarquía, en la cual grupos de seguridad privada imponen su visión de justicia o gobierno, creando un ambiente en el cual la insurgencia, el negocio ilícito de drogas, los grupos de autodefensa, los paramilitares y los criminales prosperan.

Las políticas de seguridad colombianas no existen y así las estrategias para implementar estabilidad resultan ser reactivas y defensivas. En ausencia de dirección política proveniente del gobierno civil, las fuerzas militares todavía usan la estrategia desarrollada durante La Violencia de protejer solo las ciudades principales, ocasionalmente haciendo incursiones a las regiones rurales. Por esto las FARC y el ELN operan en más del setenta por ciento del territorio nacional, controlando aproximadamente cuarenta por ciento. Ningún plan estratégico ha sido desarrollado con fuerza de ley sobre el cual las fuerzas armadas puedan basar planes adecuados de batalla, entrenamiento, u operaciones para reconquistar a Colombia del control de los insurgentes.

El rol básico de las fuerzas armadas, como está escrito en la constitución de 1.991, es de tomar armas y defender la independencia, soberanía, integridad territorial, el orden constitucional y defender a las instituciones públicas del estado (título VII, cap. 7, art. 216, 217). Pero al presidente, como comandante supremo de las fuerzas armadas, le cae la responsabilidad de dirigir a las fuerzas armadas (título VII, cap. 1, art. 189). Además, tiene la responsabilidad de mantener el orden público, restaurarlo cuando es perturbado, y dirigir el esfuerzo de guerra cuando sea necesario. No le es necesario esperar apoyo del congreso en forma de una declaración de guerra – al presidente le es permitido, con respaldo de su gabinete de ministros, declarar un estado de conmoción doméstica, aunque el senado debe ratificar tal medida dentro de un plazo especificado (título VII, cap. 6, art. 213). Ningún presidente colombiano ha tomado esta responsabilidad con suficiente seriedad para formular una política de seguridad, aunque la guerra contra las FARC ha continuado por unos treinta y dos años. La alternativa óptima para Colombia sería la elección de un presidente con suficiente conocimiento de temas militares que pueda formular o proponer una política de seguridad nacional sobre la cual las fuerzas armadas puedan basar planes de batalla adecuados, entrenamiento, u operaciones para proseguir y ganar la guerra contra las guerrillas. Desafortunadamente, este no fue uno de los escenarios óptimos creíbles del proyecto.

Las opciones políticas para los Estados Unidos dependen del resultado esperado. Siempre existe la opción de no hacer nada, aunque en este caso no hacer nada tiene consecuencias duras para los Estados Unidos, puesto que los insurgentes tienen la iniciativa en el campo de batalla y la resultante inestabilidad proporciona el ambiente necesario para que prospere el negocio ilegal de drogas. Ninguno es un resultado preferido por los Estados Unidos.

Otras opciones involucran un cambio en la política estadounidense, tal como la redefinición de la posición sobre los abusos a los derechos humanos (cambiando la enmienda Leahy), eliminar las barreras legales (y de atitudes) a la asistencia anti-insurgencia, reconociendo que las guerrillas están involucradas completamente en el negocio ilegal de drogas (y así eliminando barreras a la asistencia antidroga a las fuerzas militares para uso en operaciones de contrainsurgencia). Una opción menos óptima es la de aceptar un rol en un grupo multilateral para tratar con el problema de la inestabilidad desde una perspectiva regional, una solución con poca historia de éxito.

Un aspecto del proyecto involucró el desarrollo de escenarios posibles para la inestabilidad colombiana en un período de diez a veinte años. Muchos de los escenarios se debatieron hasta el cansancio, muchos fueron descartados por falta de credibilidad o viabilidad. Una idea descartada, por ejemplo, fue la de un narco-estado, en la cual las mafias narcotraficantes toman el poder del estado. No hay suficiente evidencia creíble que tales mafias tienen la intención (o necesidad) de gobernar en Colombia y al mismo tiempo hay un importante volumen de evidencia que estos grupos prefieren el ambiente de inestabilidad proporcionado por los insurgentes, paramilitares, fuerzas nacionales ineficientes y las débiles y corruptas instituciones de gobierno que hoy existen.

Los cuatro escenarios finales son los siguientes:

• Ideal (que incluye una paz negociada).
• Inercia (el escenario de arreglárselas).
• Victoria de la guerrilla.
• Guerra sucia.

Este escenario se pensó tener una de las más bajas probabilidades de éxito, aunque si se llevara a cabo, tendría una de los mejores y duraderos resultados para Colombia. En este caso el gobierno civil tiene éxito en negociar un acuerdo sobre el equilibrio de poder y gobernabilidad adecuado entre los diferentes sectores de la sociedad, los cuales incluyen los insurgentes izquierdistas, los paramilitares, las mafias de drogas y a la sociedad en general. Un esfuerzo concertado se hace para combatir a la corrupción y la falta de justicia se realizaría y como resultado, los esfuerzos para erradicar el negocio ilegal de drogas tendrían éxito. Cuando se cierra el acceso a los ingresos provenientes de las drogas, los insurgentes no pueden mantener los niveles presupuesales necesarios para continuar la guerra y la falta de apoyo político resultaría en una disminución rápida en sus números. Dentro de diez años del acuerdo inicial, la paz y estabilidad se lograría, lo que permitiría al gobierno prestar más atención a otros temas de gobernación. El proceso de paz actual es una variación de este escenario, uno que prolonga el proceso de alcanzar consenso sobre gobernación al negociar con un actor a la vez, posiblemente prolongando el plazo de tiempo para el escenario a treinta años. A finales del año 1.989 no hay suficiente evidencia que muchos de los actores involucrados poséen el compromiso, propósito, y metodología necesaria para solucionar la inestabilidad colombiana. Por ello, en el escenario involucrando el proceso de paz de hoy en día no se consideró una incrementación de la probabilidad de éxito como una resolución de largo plazo.

Desde la perspectiva colombiana y estadounidense, esta es obviamente la manera preferida para alcanzar la estabilidad. Pero, dada la historia de tolerar violencia y el atrincheramiento de la corrupción y el negocio ilegal de drogas, es altamente dudoso que cualquier acuerdo pueda alcanzarse en cuanto a lo que constituye una buena gobernación y estabilidad. La ventaja principal de este escenario es que los cambios lentos y deliberados tienden a ser más duraderos que los cambios rápidos y no bien analizados, por lo cual los resultados de este escenario son más creíbles y valiosos en el largo plazo.

El proceso de paz encabezado por el presidente Pastrana ha superado el debate sobre la seguridad en Colombia y con buena razón. Muchos de los sectores de la sociedad claman el apoyo a las negociaciones, aunque hay todavía poco consenso sobre con quién, cómo y porqué. Hasta fines del 1.998, la ruta primaria es la de negociación entre el gobierno y las FARC, aunque el ELN y los grupos paramilitares siempre recibieron mención como participantes posibles. Entre los participantes del seminario que resultó en este libro y que incluyó académicos, funcionarios civiles de gobierno y oficiales militares, la mayoría de los Estados Unidos y Colombia (con algunos presentadores de otros países). Hubo consenso que un proceso de paz era una cosa buena. Pero existieron tantas opiniones sobre el proceso como hubieron participantes. Algunos vieron el proceso como una vía para abrir un diálogo nacional sobre el futuro de la gobernación en Colombia; otros como un proceso específico para negociar un fin a la insurgencia; otros como una manera de estudiar la manera de implementar el derecho existente. El resultante debate tocó temas sobre quién debe participar, con desacuerdo sobre la necesidad de incluir al electorado marginado, los grupos paramilitares, grupos indígenas, los narcotraficantes, o los insurgentes. No hubo consenso tampoco sobre el tiempo apropiado para las negociaciones, al argumentar algunos que el gobierno necesita una posición de negociación más fuerte como resultado de haber derrotado en campo de batalla a los que operan fuera de la ley; otros señalando que el poder político y no el poder militar, es un indicador mejor para decidir cuando iniciar cualquier proyecto de paz.

Esta última idea es una que necesita más análisis, si ha de ser útil a los negociadores colombianos. En los ejemplos de las negociaciones de paz centroamericanas, vale la pena repasar la historia de las negociaciones en relación con el campo de batalla. En el caso de El Salvador, el fracaso de la ofensiva por el ejercito del Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1.989 de tomar a San Salvador señaló claramente que los insurgentes no podían ganar la guerra, al igual que su compra en el mercado negro de misiles superficie-aire SA-14 cambió el balance de poder suficientemente para asegurar que las fuerzas militares del gobierno no podrían ganar tampoco. Este balance de poder hizo claro el análisis que un acuerdo negociado era la única resolución a la guerra: o sea, los eventos en el campo de batalla determinaron el tiempo de las negociaciones. El Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) escribió constantemente sobre su voluntad y necesidad de alcanzar una superioridad militar para negociar desde una posición de fuerza. En 1.988, dos años después que los Estados Unidos cortó el financiamiento a los Contras, su presencia contínua en Nicaragua afectó tan negativamente la economía que los Sandinistas reconocieron su falta de recursos para resolver el conflicto en el campo de batalla. La solución final fue de resolver el conflicto mediante las elecciones, en un sentido negociando al dejar que el pueblo eligiera cual lado había ganado la guerra. Nuevamente, los eventos en el campo de batalla decidieron cuándo negociar. En Guatemala, las negociaciones para dar fin a la guerra con las guerrillas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se llevaron a cabo sin considerar la inhabilidad de los insurgentes de ganar en el campo de batalla. Aún en 1.985, las fuerzas del gobierno le habían quebrado la espalda militar a la URNG y así no vio la necesidad de negociar la paz. Pero el gobierno civil tomó la iniciativa de abrir las negociaciones no obstante, en un esfuerzo de recuperar su legitimidad estatal en el ambiente internacional. Eso sí, las negociaciones no fueron consideradas hasta después de alcanzar la superioridad en el campo de batalla. Con la victoria en el campo de batalla asegurada, el gobierno sintió suficiente confianza para iniciar las negociaciones, por razones de interés propio.

Las lecciones para el gobierno colombiano son claras: negociaciones exitosas se conducen mejor desde una posición de fuerza militar, con objetivos claros y la voluntad de completar el proceso. La preocupación sobre el proceso de hoy en día es que el gobierno está negociando desde una posición militar ambigua o tal vez débil y así tiene poco que ofrecerle a las FARC excepto legitimidad política y un mayor rol político en la gobernación nacional. Hay poco conocimiento público sobre la agenda y credibilidad de ambas partes, y la ausencia de un fuerte tercer partido actuando como amortiguador, como por ejemplo un mediador internacional como la ONU, la OEA, o la Iglesia Católica u otro país, reduce la credibilidad del proceso entero.

Este escenario tendría una de las más altas probabilidades de ocurrir, pero con baja probabilidad de éxito basado en la situación tan caótica en Colombia. El dicho de "arreglárselas" en este caso implica alcanzar un consenso aceptable a todos los participantes, pero uno que mantenga vigente al estado. Teniendo en cuenta que la insurgencia a mediados de 1.998 ocupa hasta la mitad del territorio nacional, "arreglárselas" puede ser jerigonza para el reconocimiento de jure del de facto fraccionamiento de Colombia. La implementación de un proceso de paz por el presidente Pastrana proporciona evidencia que Colombia no está interesada en simplemente "arreglárselas." Esto no es una solución aceptable a largo plazo y, cómo no trata con los síntomas de la inestabilidad (drogas, violaciones a los derechos humanos, corrupción), no es tampoco aceptable para los Estados Unidos. Pero si las negociaciones fracasan, este escenario seguirá siendo el más posible para el futuro colombiano.

Este escenario se consideró posible dentro de un periodo de cinco a diez años. Las FARC ya tienen una estrategia multi-anual para este escenario, aunque su calendario ha sido atrasado varias veces. El gobierno colombiano ha ayudado a este calendario, proporcionando un ambiente de inestabilidad que los insurgentes han usado a su ventaja, ganando fuerza en números y territorio controlado, al igual que la capacidad de confrontar a las fuerzas militares con mayores fuerzas en combate directo.

Si este escenario se llevara a cabo, Colombia se convertiría en un estado Marxista, necesariamente de carácter autoritario. La economía se convertiría en una economía centralizada, controlada por el gobierno (y de hecho seguiría a Cuba a la ruina), aunque el cultivo legal, producción y exportación de cocaína, heroína, marijuana y hachís ayudarían a mejorar la situación. La reducción de la economía no sería tan rápida como la de Cuba, tan sólo porque la economía colombiana es tan diversa y rica hoy en día.

Las relaciones con los Estados Unidos se romperían, y es posible que las posesiones de estadounidenses fueran confiscadas y nacionalizadas. Habría una purga masiva de la sociedad, la mayor parte siendo voluntaria; las personas con recursos saldrían del país un poco antes y después de la toma de poder por las FARC.

La gobernación en Colombia sería muy inestable por varios años. La estructura de poder existente es bastante descentralizada y la filosofía Marxista (al igual que la estructura de las FARC) es bastante centralizada. La imposición de un poder centralizado tomaría tiempo para solidificarse, mientras que los grupos militares y paramilitares que hubieran sobrevivido se fragmentarían e intentarían formar focos de resistencia: la violencia se incrementaría en el corto plazo si las FARC no lograra erradicar a estos grupos.

Este escenario sería el que más dañaría a los intereses estadounidenses, porque el impacto de largo plazo es uno de intensificación de la inestabilidad y la violencia. La inestabilidad interna (los elementos militares y paramilitares existentes intentando reconquistar su poder) lentamente serían empujados hacia el exterior, causando problemas con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, y Panamá. Estos vecinos le pedirían asistencia los Estados Unidos existentes para tratar de controlar a un gobierno colombiano Marxista fuerte y beligerante. Es dudoso que el gobierno de las FARC buscaría exportar su revolución fuera de Colombia durante los primeros cinco años de su existencia.

El involucramiento del Departamento de Defensa estadounidense sería intenso, si el liderazgo decidiera asistir a restaurar un gobierno democrático en Colombia. Sería necesaria una guerra larga y de gran escala, preferiblemente con la asistencia de los vecinos de Colombia, para reconquistar al país de las FARC, probablemente durando más de cinco años. La geografía, topografía, y el tamaño del estado garantizaría un alto nivel de bajas, y un alto costo en material bélico especializado.

El escenario de la guerra sucia se consideró uno de los más probables para Colombia. Este escenario se desarrollaría asi: desanimados con la creciente violencia e inestabilidad, las oligarquías políticas (no el gobierno) evadirían al gobierno y buscarían acomodarse con las fuerzas militares y policiales. A estos se les garantizaría presupuesto y dirección política con suficiente fuerza y amplitud para proseguir una guerra de exterminio contra las FARC y el ELN, con promesas de inmunidad de condena después del conflicto. Las fuerzas de seguridad entonces desatarían sus cuerpos de inteligencia para buscar a los insurgentes y a los que los apoyan, atacando y exterminando a todos, posiblemente con la asistencia o subordinación de los grupos paramilitares a los planes de guerra.

Una vez que las fuerzas de las FARC y ELN hubieran sido eliminadas, la misión podría ampliarse para incluir acción contra las mafias narcotraficantes. Después de un período dramático con pérdida de vidas, las fuerzas de seguridad cederían las riendas del gobierno a las elites civiles, quienes formarían un nuevo gobierno para tomar ventaja de la nueva estabilidad. Si elementos de este escenario suenan familiares, basta solamente recordar el caos del Bogotazo y su resolución en el Frente Nacional.

El problema principal con este escenario es la violencia. Los resultados son atractivos para los Estados Unidos (como lo fue, por ejemplo, Chile después de los primeros años del gobierno del General Augusto Pinochet Ugarte), aunque la pérdida completa de libertades civiles sería algo inaceptable para la política estadounidense. Un impedimento a la implementación de este escenario es la fuerte tradición en las fuerzas armadas de respetar la autoridad civil y el orden democrático: Sólo una vez en los últimos cien años ha tomado el poder un oficial militar. Eso fue en un escenario muy similar, en el cual las oligarquías políticas admitieron su fracaso de eliminar la violencia e hicieron un pedido a las fuerzas armadas de tomarse el poder por un corto período, así permitiendo suficiente espacio para encontrar una solución civil (el golpe del Gen. Rojas Pinilla, "asumo mando de la nación" en 1.953 – 57). La diferencia principal entre estas dos situaciones es que en 1.953 la violencia era urbana, y hoy en día la violencia política es casi exclusivamente rural: pocas de las oligarquías políticas se encuentran directamente involucradas o afectadas.

El impacto sobre Colombia en el largo plazo es en realidad positivo, si el escenario se desarrolla siguiendo los modelos de otros países en Sudamérica (Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia). Ignorando la asquerosa guerra sucia, las oligarquías políticas (y esto es especialmente verdad en el caso de Colombia en los años ’50) habrían logrado en estos casos armar un sistema de gobierno que resultaria ser superior al status quo ante bellum. Pero requeriría una seria decisión de dejar a un lado lo poco que existe de la justicia colombiana para desarrollar un escenario con la esperanza que este siga el ejemplo de otros modelos usados por otros países latinoamericanos.

El impacto de este escenario sobre los Estados Unidos sería principalmente político, dependiendo de la reacción de ambos gobiernos en Bogotá y Washington. Si Colombia pide asistencia (tropas, material, asesoramiento táctico, inteligencia), el Departamento de Defensa (DOD) podría ser obligado a ignorar las violaciones a los derechos humanos en la guerra. Si el DOD recibe la autorización para asisitir, la guerra contra los insurgentes se intensificará en el corto plazo, causando un alto nivel de bajas estadounidenses (tropas y material). Pero si este escenario se lleva a cabo y si sigue los modelos de otros países sudamericanos, la reacción estadounidense será de rehusar asistencia bélica y de sancionar o alienar diplomáticamente a Colombia hasta algún punto indefinido en el futuro cuando los objetivos finales se hayan logrado. En otras palabras, Colombia tendría que reconocer que tendría que tomar el camino a solas, un futuro mucho más desalentador que en los otros modelos, basado en la riqueza material de las fuerzas opositoras en este caso.

El escenario que se desarrollará en Colombia es probablemente una combinación de estos cuatro. He escuchado de algunos oficiales militares colombianos que están quejándose de la falta de una política de seguridad formulada por el presidente. Tal vez esto proporcionará el empuje requerido para que el gobierno vigente defina el rol de las fuerzas armadas, un punto crítico de información necesario durante un proceso de negociación. He escuchado también de académicos y de periodistas que las fuerzas armadas no tienen una estrategia adecuada para conducir una guerra. Tal vez los cambios en el mando superior resultarán en la presencia de suficiente talento e iniciativa para desarrollar tal estrategia, moviéndose desde reacción hacia la dirección activa del conflicto, con el objetivo de ganar la guerra. Mi recomendación personal sería de desarrollar una estrategia militar convencional basada en la conquista y el control de la infraestructura del país: el programa de elementos de combate ribereños puede ser aumentado, y en tonces añadir elementos del ejército para ocupar y pacificar las zonas conquistadas por los infantes de marina. Al controlar los ríos, las fuerzas armadas pueden negarle a los insurgentes (y a las mafias narcotraficantes) su medida principal de comunicación y transporte. Sin estos, los insurgentes se verán forzados a adoptar tácticas militares más convencionales, en donde serían más vulnerables; si no tendrían que readaptar sus tácticas convencionales de guerrilla, en donde serían más una molestia que una amenaza. Cualquier cosa es preferible a lo que existe hoy en día en Colombia, y cualquiera de los dos resultados incrementan la facilidad de una victoria para las fuerzas de seguridad colombianas.

Pero la inestabilidad interna en Colombia no se precipitó de la noche a la mañana. Se ha desarrollado a lo largo de la historia del país, y lo más probable es que tomará un largo tiempo para resolverse. Como se señaló varias veces durante esta colección de presentaciones, hay una sobreabundancia de diagnostico y recomendaciones. Es la responsabilidad del gobierno colombiano decidir cual de estas es la mejor y cual implementar. En última instancia, cual escenario se desarrollará en el futuro depende de los colombianos en general, no de los Estados Unidos o los países vecinos. Colombia no puede durar mucho tiempo más bajo el tremendo peso impuesto por los múltiple actores involucrados en la crisis de hoy en día. Así pues, espero que el análisis presentado aquí sea útil para los que deciden y escriben política de seguridad en Colombia, y para los que deciden y escriben política de seguridad en los Estados Unidos, para que ambos puedan desarrollar la mejor estrategia, política y metodología para poner fin a la crisis de seguridad que aflige al pueblo colombiano.

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