¿Crisis? ¿Cual Crisis?
           Temas de Seguridad en Colombia

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Hace ya tres años salió publicado mi libro titulado Insurgencia sin revolución. La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada¹ en el cual intenté bosquejar los fundamentos de una sociología de la guerrilla en Colombia. Sigo creyendo que las tesis centrales que se plantearon en esa obra siguen siendo, en lo fundamental, válidas; sin embargo, es indudable que no sólo el fenómeno guerrillero ha sufrido cambios importantes, sino que distintos investigadores han hecho nuevos aportes y arrojado nuevas luces sobre la dinámica del conflicto interno en el cual vive el país.

Con base en una revisión de la vieja y la nueva literatura sobre el tema, quisiera plantear algunos interrogantes. ¿Se halla Colombia al borde de un colapso institucional como consecuencia de las violencias de múltiple rostro que la afectan? ¿Cuáles son los rasgos actuales de la violencia de carácter político? ¿Existe en Colombia un equilibrio estratégico entre las fuerzas militares y el movimiento guerrillero? ¿Ha hecho el paramilitarismo el tránsito hacia guerrillas de derecha? ¿Es viable hoy una política de paz? Estos son algunos de los interrogantes centrales que van a guiar estas páginas.

En términos generales, son tres los componentes básicos que han caracterizado a Colombia en las últimas cuatro décadas, es decir, desde el Frente Nacional en 1958: una reconocida y alabada estabilidad macroeconómica; una igualmente destacada estabilidad institucional y, en contraste con los dos rasgos anteriores, altos índices de violencia. En efecto, Colombia ha sido el único país de América Latina que ha logrado mantener tasas de crecimiento económico sostenidas a lo largo de los últimos cuarenta años. Así mismo, al lado de México, Costa Rica, y Venezuela, fue una de las cuatro naciones del continente que logró sortear con éxito la ola de golpes militares que asolaron al continente en los años sesenta y setenta. Pero al mismo tiempo, Colombia ostenta el poco honroso título de ser una de las naciones con mayores índices de violencia en el mundo.

¿Esta situación se encuentra en trance de transformación? ¿Los signos recesivos que se advierten hoy son un indicador de graves desbalances económicos futuros? ¿La crisis política que se vivió bajo la administración Samper era sólo el preludio de una honda crisis institucional inscrita ya en el horizonte? ¿La violencia que afecta al país tiende a incrementarse sin remedio? En otras palabras, si la estabilidad económica y política han servido de colchón para amortiguar el impacto de la violencia, ¿qué puede ocurrir si este doble amortiguador falla?

Recientemente, en diversos artículos publicados en la prensa internacional, se ha comparado el futuro de Colombia, si persisten los actuales niveles de violencia, con la guerra de Bosnia en algunos casos y en otros con la guerra de Vietnam. Una y otra comparación son, a mi modo de ver, equivocadas. Ni una conflagración de carácter étnico, ni una guerra que enfrentó a través de pequeñas naciones a las dos superpotencias del período de la guerra fría, son equiparables a la experiencia colombiana. Desde mi perspectiva, debido a la superposición de violencias de múltiple rostro tanto organizadas como difusas, los riesgos de Colombia son los de una creciente erosión tanto institucional como del tejido social, que podrán ahondar aún más en los próximos años el ya delicado colapso parcial que sufre el estado colombiano, afectando a su paso tanto la estabilidad institucional como la estabilidad económica.

En 1.978 fue publicado el libro del investigador norteamericano, Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia,² sin duda uno de los más destacados estudios sobre el período de la Violencia que soportó el país entre 1.946 y 1.953. En esta obra, Oquist acuñó el polémico término de "colapso parcial del estado" para referirse al impacto que produjeron las diversas modalidades de violencia sobre las instituciones estatales durante estos años:

"Este derrumbamiento se manifestaba concretamente en: la quiebra de las instituciones parlamentarias, policiales, judiciales y electorales; la pérdida de legitimidad del estado entre grandes sectores de la población y la utilización concomitante de altos grados de represión para lograr la obediencia a las órdenes del estado; contradicciones dentro del aparato armado del estado que redujeron la efectividad de los niveles altos de represión; y la ausencia física de la administración pública en áreas grandes e importantes del territorio nacional."³

Cincuenta años más tarde, Colombia sufre una situación similar. Nuestro precario estado, ante desafíos y demandas que desbordaron su capacidad de control y manejo, vive el derrumbe parcial de algunas de sus instituciones claves, tales como la justicia y la seguridad. Otras instituciones, por el contrario, mantienen su consistencia, como es el caso de los órganos responsables del manejo macroeconómico o de la política exterior del país. Los principales indicadores de este colapso parcial son la pérdida del monopolio de las armas, los altos índices de criminalidad, los niveles de impunidad y el vacío de la presencia estatal en múltiples regiones del país. En muchas de estas regiones se ha configurado un "sistema pretoriano," en el sentido en que Samuel Huntington definió esta noción.⁴

¿Podría derivar este colapso de orden parcial en un colapso generalizado en los próximos años? En revistas especializadas se ha buscado diseñar una matriz común de aquellos estados en los cuales se ha producido un "colapso total del estado," por ejemplo, Somalia, Afganistán, o Bosnia-Herzegovina. Nueve rasgos centrales fueron detectados en los tres casos:

• Una fuerte presión demográfica.
• Un movimiento masivo de refugiados.
• Un crecimiento económico ligado a segmentaciones étnicas.
• Una larga tradición de venganzas y represalias.
• Una honda deslegitimación del estado.
• Una severa crisis económica.
• Un progresivo deterioro o eliminación de los servicios públicos.
• Una incapacidad manifiesta para implementar las normas legales.
• Unos aparatos de seguridad operando como "un estado dentro del estado."⁵

A pesar de la presencia de muchos de estos rasgos hoy por hoy en el país (por ejemplo, un brutal desplazamiento del campo hacia las ciudades)⁶ existe, sin embargo, una diferencia notable: en los tres casos mencionados existían fuertes identidades colectivas de índole étnica, lingüística, religiosa o ideológica. Debido a la ausencia de este factor es muy improbable, desde nuestra perspectiva, que se pueda producir una guerra civil generalizada en Colombia. El riesgo es que la persistencia e incluso el ahondamiento de este grave desarreglo social podría colocar en entredicho a mediano plazo la estabilidad institucional del país, tanto en el plano político como económico.

En Colombia, desde hace ya más de una década, se presenta un "empate negativo" entre las fuerzas armadas y los grupos guerrilleros. Esta noción, que acuñé hace ya algunos años, buscaba diferenciarse de la noción más comúnmente utilizada de "empate militar" (o de equilibrio estratégico) que parece que no resulta apropiada para describir los rasgos propios del conflicto colombiano.

Esta última fue propuesta, inicialmente, por el general José Joaquín Matallana en una obra que abrió un agudo debate a mediados de los años ochenta (Paz o guerra : alternativa del 84) y según la cual, ni la guerrilla tenía capacidad para derrotar al ejército ni el ejército tenía recursos suficientes para derrotar a la guerrilla, lo cual obligaba a la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado. En América Latina, la noción de "equilibrio estratégico" nació de la experiencia salvadoreña. Hace algunos años el Congressional Research Service de los Estados Unidos afirmaba que "en estos momentos, tras ocho años de conflicto civil en El Salvador, parece que se llegó a un punto muerto: ninguna de las partes ha dado signos de ser capaz de derrotar a la otra militarmente o de mostrar alternativas que conduzcan al fin de la guerra. La mayor parte de los observadores consideran que, excepto que se dé un cambio inesperado de las circunstancias que provocan o mantienen la guerra (...), las dos partes parecen ser capaces de continuar la lucha al ritmo actual de forma indefinida."⁷

La noción de "empate militar," por el contrario, sostiene que si bien las fuerzas armadas han perdido la iniciativa táctica en el campo de batalla, mantienen una clara superioridad estratégica. Pero si las fuerzas militares no replantean a fondo su capacidad operativa a mediano plazo podría verse afectada la estabilidad institucional del país. De ahí la urgencia de unos cambios en el plano específicamente militar, ante todo sabiendo que la negociación de paz en que se halla actualmente embarcado el país se hará en medio de la guerra.

Antes de continuar es necesario, por tanto, responder a una pregunta fundamental: ¿es posible, al menos a corto plazo, un triunfo militar sobre el movimiento guerrillero?

Las sucesivas y cada vez más preocupantes derrotas que están sufriendo las fuerzas militares exige llevar a cabo un inaplazable debate nacional. En Colombia, desde el inicio de los años noventa, se ha dado un aumento gigantesco del gasto militar y del pie de fuerza. El presupuesto de las fuerzas militares ha crecido en más del 400% y el ejército pasó de 60 a 120 mil hombres. Sin embargo, los resultados de su accionar son cada vez más precarios. ¿Cuáles son las raíces de esta ineficacia creciente ?

En primer lugar, si bien las fuerzas militares mantienen una clara superioridad estratégica frente a los grupos guerrilleros (número de hombres, recursos, logística), han perdido totalmente la iniciativa táctica en el terreno de batalla. Hasta hace pocos años, las FARC se limitaban a llevar a cabo emboscadas similares a las que realizaban las guerrillas comunistas ya en los años cincuenta. Pero, gracias al asesoramiento de expertos salvadoreños, en los últimos dos o tres años han comenzado a actuar en unidades militares con varios centenares de hombres. A pesar de esta transformación evidente, el ejército continúa actuando con pequeñas unidades cuya función es contactar a la guerrilla, demandar el apoyo de tropas aerotransportadas e intentar crear cercos de aniquilamiento. Debido a la superioridad del potencial de fuego de la guerrilla en el terreno de batalla, una vez llegan las tropas de refuerzo las unidades militares ya han sido aniquiladas.

En segundo término, en Colombia a diferencia de El Salvador, las FARC, y el ELN en vez de concentrarse en grandes unidades militares decidieron dispersarse en decenas de frentes guerrilleros a lo largo y ancho de la endemoniada geografía del país.⁸ El ejército cayó en la trampa e igualmente comenzó a dispersarse en decenas y decenas de brigadas, batallones y puestos militares. Pero, mientras que la guerrilla mantuvo intacta su movilidad táctica, el ejército terminó apuntalado a tierra. Hoy en día, más del 70% del ejército nacional está protegiendo instalaciones militares, centros urbanos, oleoductos o torres de energía. Existen pocas unidades móviles y sólo veinte mil soldados profesionales. ¿Cómo obtener éxitos militares cuando sólo existen veinte o treinta mil hombres para enfrentar más de cien frentes guerrilleros ? ¿Cómo responder con la rapidez necesaria a una emboscada masiva cuando las pocas unidades militares disponibles están dispersas en decenas de miles de kilómetros? La respuesta no puede ser ni la absurda propuesta del ex-comandante de las fuerzas militares, Harold Bedoya, de crear una aviación del ejército, ni aumentar el pie de fuerza con base en el servicio militar obligatorio, ni multiplicar exponencialmente el presupuesto militar. Lo que se requiere es aumentar el número de soldados profesionales, mejor preparados y organizados en torno a unidades móviles, en un contexto de redefinición de las modalidades del accionar militar.

En tercer lugar, ¿cómo es posible que, como ha ocurrido recientemente, 300 o más guerrilleros puedan cercar una unidad militar sin ser detectados? Esto implica dos cosas: por un lado, fallas protuberantes en inteligencia militar y por el otro, ausencia de apoyo de la población campesina. El arma de inteligencia creada en torno a la disuelta Brigada XX del ejército⁹ realizaba las mismas tareas convencionales de otras unidades como el Departamento Administrativo de Inteligencia (DAS) o la SIJIN de la Policía Nacional, es decir, labores de inteligencia para desmantelar redes urbanas o aparatos de apoyo logístico de la guerrilla. Pero su labor central, el acompañamiento de las unidades militares en las zonas de combate, no se llevan a cabo, por lo cual éstas andan a tientas y a merced de las emboscadas de la guerrilla.

El vacío de inteligencia podría ser llenado por la población campesina en la medida en que sirviera de ojos y oídos a las unidades militares en las zonas de guerra. ¿Por qué no cumple esta función ? ¿Será que perciben al ejército no como un aliado sino como una fuente de depredación y violencia contra la población? Es necesario no sólo mejorar la inteligencia militar en las zonas rojas, sino, ante todo, transformar de manera radical las relaciones entre el ejército y la población civil.

En el sur del país, por ejemplo, en donde existe una extensa colonización fundada en el cultivo de drogas ilícitas es muy difícil contar con el apoyo de la población campesina dado su vínculo con una actividad delictiva. Para ello, se requiere sustituir la precaria inteligencia humana por modalidades de inteligencia técnica, basada en satélites y aviones adaptados para tal efecto.

En cuarto lugar, una de las razones que invocan los oficiales del ejército para justificar sus magros resultados es la ausencia de continuidad en las políticas de estado. Los gobiernos lanzan un día iniciativas de paz y a los pocos días declaran la guerra integral. Esta falta de continuidad no permite ni construir la paz ni llevar a cabo con éxito la guerra. Definitivamente es necesario construir una política estatal e integral de orden público que no quede supeditada a los vaivenes de la coyuntura política o a los cambios de gobierno.

La ausencia de directivas políticas de las autoridades civiles cuyo desconocimiento y desprecio de los temas militares es ya tradicional, la improvisación en el nombramiento de ministros de defensa sin ninguna noción del tema militar así como el vacío de una estrategia nacional de largo plazo se hallan en la raíz de los desastres que ha estado viviendo el país en este terreno.

En este contexto existen, además de los cambios que hemos señalado con anterioridad, dos tareas urgentes: por una parte, es inaplazable la creación de un instituto de estudios estratégicos que sirva de puente entre el gobierno, los partidos, la academia, la prensa, los sectores empresariales y las Fuerzas Armadas de Colombia para construir una noción de seguridad y defensa nacionales que involucre al conjunto de la sociedad y no sólo al estamento militar. En segundo término, es inaplazable la conformación de una comisión de reforma de las fuerzas militares, similar a la que nos permitió dejar atrás a una de las fuerzas de policía más cuestionadas del mundo a una policía que constituye hoy un motivo de orgullo nacional.

En todo caso, en las actuales circunstancias es impensable -- al menos a corto plazo -- un triunfo militar por parte de las fuerzas militares. Pero, a su turno, unas fuerzas armadas débiles e incapaces de contener la expansión guerrillera, propician en el seno de los grupos guerrilleros la idea de que pueden continuar indefinidamente acumulando poder militar y territorial. Es decir, un aparato militar débil no es propicio para la generación de un clima de paz.

El movimiento guerrillero, cuyos núcleos iniciales surgieron en Colombia diez años antes de la revolución cubana, nació en un contexto que no favorecía sus posibilidades de hacer tránsito hacia el éxito revolucionario. Sin embargo, debido a múltiples factores (larga experiencia de luchas guerrilleras, el relativo cerramiento del Frente Nacional, la precariedad del estado central y su incapacidad para mediar y canalizar los conflictos sociales en las sociedades rurales), se crearon condiciones para la consolidación de estos focos insurgentes. De esta manera, se produjo un fenómeno de "insurgencia crónica," similar en sus rasgos generales a las experiencias vividas en Filipinas y Guatemala, países en los cuales la guerrilla logró también consolidarse sin poder, no obstante, alcanzar sus objetivos finales.

Los grupos guerrilleros que surgen, pues, de manera precoz en comparación con el resto del continente y que se consolidan con sobresaltos a fines de los años setenta y principios de los ochenta, coparon prácticamente el espacio de una oposición de izquierda democrática. Esto hecho conllevó una temprana militarización de la política por parte de los grupos de izquierda. En buena medida, la guerra dejó de ser una prolongación de la política por otros medios, para convertirse en un sustituto prolongado de la acción política. En la subcultura política de izquierda en Colombia la confrontación militar hace parte de su repertorio de acción al lado de otras lógicas de acción social y política: la "combinación de todas las formas de lucha revolucionaria," ha constituido desde los años sesenta el corazón estratégico de la familia comunista (FARC, Partido Comunista, Unión Patriótica).

Después de un período de declive y crisis durante la década de los años setenta en el cual la guerrilla estuvo a punto de desaparecer, se produce una recomposición y una fuerte y renovada expansión a partir de 1.980. Esta expansión, cuyas raíces son complejas, se logra entre otras razones gracias a los recursos del narcotráfico y al impuesto a las compañías petroleras.

Primero, la estrategia centrífuga, es decir, el modelo de desdoblamiento de frentes, aumento del número de hombres y expansión difusa en todo el territorio nacional continúa estando vigente. Se trata de una estrategia de expansión desde las zonas de colonización hacia regiones con actividades económicas dinámicas (petróleo, oro, carbón, agricultura comercial) y hacia los centros administrativos y políticos más importantes del país, mediante las llamadas milicias urbanas. Al comparar el número de acciones militares de las organizaciones guerrilleras en los últimos años, se descubre que si éstas se registraban en 173 municipios en 1.985, en 1.991 se llegó a 437 y en 1.995 a 622.

Segundo, para poder sostener esta fuerte y sostenida expansión guerrillera, los grupos insurgentes están buscando diversificar sus fuentes de financiamiento, gracias a una delimitación de fronteras muy endeble entre lo político y lo criminalidad. Si bien se mantiene la tradicional depredación de sus "enemigos internos" mediante el secuestro, se multiplica la extorsión a los productores y traficantes de drogas, y a las industrias petrolera, minera y agroindustrial.

Tercero, dada la imposibilidad de llevar a cabo acciones militares de valor estratégico, así como de sostener un accionar militar continuo, tanto las FARC como el ELN han tomado la decisión de aumentar su influencia a nivel local: esta influencia busca, no sólo un control territorial sobre áreas de valor estratégico (tales como la Serranía de San Lucas para el ELN o los Llanos del Yarí para las FARC), sino de las redes de poder municipal. En efecto, la descentralización político -- administrativa, la transferencia de recursos hacia los municipios y la elección popular de los alcaldes, ha incentivado a los grupos armados, tanto de izquierda como de derecha, a la búsqueda tanto de un control político como de recursos económicos municipales (el llamado "clientelismo armado").

Cuarto, ¿cuál es la actitud de la guerrilla con respecto a la paz? Desde mi perspectiva aun predomina en el seno de la guerrilla una visión de acumulación de poder militar con vistas a una transformación radical de la sociedad y el estado. Pero, ante la ausencia de posibilidades reales para un triunfo militar (dado, entre otros factores, la desaparición del antiguo campo socialista y, por tanto, la existencia de un entorno internacional hostil), la guerrilla mantiene como mira estratégica una "salvadorización" del país, es decir, el tránsito de un empate negativo a un equilibrio estratégico para poder negociar con el estado en condiciones de igual a igual.

Hace ya más de una década, desde que el exembajador norteamericano Lewis Tambs acuñó el término de narcoguerrilla, no ha cesado el debate en torno a lo apropiado o inapropiado de esta visión del movimiento insurgente.

La noción de narcoguerrilla implica al menos dos cosas. En primer término, que existe un entendimiento estratégico entre la guerrilla y los carteles de la droga, dada una identidad de intereses tanto para enfrentar al estado como para comercializar las drogas ilícitas. En segundo término, que la guerrilla ha hecho el tránsito de un actor político a un actor delincuencial, en la medida en que se han desdibujado su ideales políticos en beneficio del enriquecimiento privado.

Las consecuencias de aceptar estos dos postulados son claras: dado que únicamente es viable llevar a cabo negociaciones con actores políticos, la descomposición delincuencial de los grupos guerrilleros obligaría al estado a darles un tratamiento exclusivamente de índole penal y militar. Es decir, que las negociaciones de paz estarían excluidas por principio.

Desde mi perspectiva, sin embargo, uno y otro postulado son falsos. En cuanto hace al primero, la geografía del conflicto armado en el país evidencia al menos dos situaciones distintas: en aquellas regiones en las cuales la guerrilla es el actor hegemónico, ésta le impone un impuesto a los diversos agentes comprometidos en la producción y comercialización de las drogas ilícitas. Es decir, en estas regiones existe una convivencia pragmática entre los traficantes y la guerrilla, en especial las FARC y algunos frentes del ELN. Convivencia que le proporciona a estos dos grupos guerrilleros, pero en particular al primero, la inmensa mayoría de sus recursos económicos. En segundo término, en aquellas regiones donde el narcoparamilitarismo rural es hegemónico, los narcotraficantes enfrentan militarmente a la guerrilla para impedir el pago del impuesto de guerra.

Es decir, que la convivencia o la confrontación están determinadas no por un supuesto acuerdo estratégico, sino por la correlación de fuerzas militar en una u otra región del país.

La posibilidad misma de una identidad profunda es contraria a la experiencia internacional. Esta muestra, por el contrario, el carácter eminentemente conservador de las mafias debido a su predilección por un estado débil y una economía abierta de mercado. En Italia la mafia mantuvo siempre estrechos vínculos con dirigentes políticos de la Democracia Cristiana. Por ello, es impensable un acuerdo estratégico entre las mafias de la droga y las guerrillas, partidarias éstas de un estado fuerte (la "dictadura del proletariado") y una economía centralizada.

En cuanto hace al segundo punto, en Colombia son muy inciertas las fronteras que separan la política y la delincuencia. La guerrilla no escapa a este flagelo nacional que nos está ahogando en un mar de corrupción y criminalidad. Más que en cualquier otro lugar de América Latina, la guerrilla colombiana desde sus inicios ha practicado de manera sistemática formas delincuenciales para su financiación (secuestro, extorsión, gramaje¹⁰). Estas prácticas tienen, sin duda, sus orígenes en la época de La Violencia en donde surgieron los principales cuadros de las FARC, en particular el símbolo de esta organización, Manuel Marulanda Vélez. Esta actitud a todas luces condenable convive, a pesar de todo, con un discurso de carácter político y con una cúpulas guerrilleras politizadas.

Por las razones mencionadas, creemos que es no sólo inadecuado sino inconveniente para el país el término de narcoguerrilla. Lo cual no nos impide condenar el matrimonio, así sea de conveniencia, que han consumado desde hace años la guerrilla y el narcotráfico en múltiples regiones del país.

Desde fines de los años setenta, emergen en Colombia organizaciones armadas de distinto tipo como reacción a los grupos guerrilleros que comienzan a reactivarse en estos mismos años. Estas organizaciones armadas traen la expresa justificación de tratar de llenar el vacío del estado en su débil capacidad de contrainsurgencia.

En una primera etapa, se trata ante todo de grupos de autodefensa regional enraizados en las comunidades locales. Pero, a medida que transcurre el tiempo, ganan capacidad de movilización y poder ofensivo, ante todo gracias al apoyo de las mafias del narcotráfico o de las esmeraldas, lo cual les permite ir adquiriendo cierta complejidad organizativa. Finalmente, en los últimos dos o tres años, bajo el liderazgo de Carlos Castaño y sus Autodefensas de Urabá y Córdoba están intentando transitar hacia una suerte de guerrillas de derecha, provistas de un mando único y un discurso coherente. Se trata de la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La conformación de esta organización de índole nacional nos motiva a plantear algunos interrogantes que creemos claves para tratar de entender el significado actual de estos actores armados. Mientras no exista una calificación clara de estos grupos por parte del Estado, sea como actores políticos o sea como delincuentes comunes, va ser imposible definir una política coherente para su tratamiento:

• ¿Los grupos de autodefensa están haciendo el tránsito hacia un modelo de contraguerrillas de derecha, provistas de un discurso político, control territorial y sólidas bases de apoyo social?
• ¿El conjunto de los grupos de autodefensa se han unificado en torno a las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, han conformado un estado mayor conjunto y, por tanto, deben ser consideradas como un actor único?
• ¿Comparten todos los grupos que la conforman unos mismos principios o, por el contrario, detrás de esta sigla (AUC) se esconde una multiplicidad de grupos dispares, algunos politizados otros más delincuenciales, unos distantes del narcotráfico otros más subordinados a éste?

Probablemente lo que más impacta en los documentos recientes de las AUC es su carácter político, es decir, su intento de proyectar una justificación ideológica a sus acciones contrainsurgentes. Este discurso se podría sintetizar como un populismo autoritario de extrema derecha.

Durante la década de los años ochenta, en plena guerra fría, los Estados Unidos comenzaron a apoyar sin remilgos todo tipo de organizaciones armadas que luchaban contra gobiernos de izquierda. Los Contras en Nicaragua, UNITA en Angola, y los Mullajedines en Afganistán fueron los movimientos más exitosos. Se trataba de guerrillas de derecha provistas de un discurso que les servía para disputar a sus adversarios la legitimidad política. En la búsqueda de las AUC de un reconocimiento de las autodefensas como un actor político, la construcción de un discurso coherente es fundamental: ya no se trataría de un movimiento delincuencial que busca intereses privados de carácter utilitario (por ejemplo, proteger laboratorios de drogas ilícitas), sino de un movimiento que tiene ideales colectivos. ¿Hasta qué punto los centenares de antiguos guerrilleros del EPL, las FARC, y el ELN que han ingresado a sus filas son los agentes de esta transformación?

Con mucha habilidad, las AUC plantean que los objetivos finales de su movimiento (la reforma agraria, la solución a la cuestión de los desplazados, la superación de la pobreza) no se distinguen de aquellos de la guerrilla, salvo por la perspectiva política que anima a unos y a otros. Este es el rasgo populista de derecha de su propuesta, el cual se relaciona íntimamente con el ofrecimiento de sectores terratenientes para proponer un importante banco de tierras en el marco de una eventual negociación de paz.

El rasgo extremista está determinado, obviamente, por las modalidades de acción de estos grupos fundadas en el terror generalizado, el asesinato selectivo y las masacres. Es decir, un orden vertical y autoritario, en el cual rige una dinámica perversa de amigo/enemigo. El elogio descarnado de Carlos Castaño a la política de "tierra arrasada" en Mapiripán (Meta), en donde fueron fusilados sin fórmula de juicio decenas de supuestos colaboradores de la guerrilla, es una simple constatación.

Una de las pretensiones principales de Carlos Castaño es la de unificar a la totalidad de los grupos de autodefensa que existen en el país en torno a un estado mayor conjunto, como una especie de coordinadora nacional contraguerrillera.

Los grupos de autodefensa tienen un origen muy diverso. Algunos fueron creados por grupos de hacendados y políticos locales fatigados contra los excesos criminales de la guerrilla, en el plano del secuestro y la extorsión. Otros fueron impulsados por narcotraficantes tales como el desaparecido Gonzalo Rodríguez Gacha para no continuar pagando el impuesto de guerra, el llamado "gramaje," a las FARC. Otros fueron directamente conformados por oficiales del ejército en el marco de la guerra de contrainsurgencia. Finalmente, otros fueron constituidos por conocidos líderes de las minas de esmeraldas.

Sin embargo, a pesar de la diversidad de orígenes de los grupos de autodefensa, creo que el marco que permitió su amplia expansión ha sido la inmensa contrarreforma agraria que ha llevado a cabo el narcotráfico en el país, mediante la cual la antigua clase terrateniente ha sido en buena medida sustituida por esta nueva clase enriquecida de manera ilegal.

Esta compleja geografía de los grupos de autodefensa me hacen dudar del carácter homogéneo de las AUC. Existen demasiadas diferencias en el grado de politización y en el grado de autonomía con respecto a los grupos narcotraficantes. Mientras unos grupos, como el de Carlos Castaño, buscan construir un discurso político legitimador, otros grupos actúan con mentalidad puramente delincuencial y abiertamente criminal.

Uno de los rasgos de los distintos gobiernos que se han sucedido desde 1.977, es decir, desde el surgimiento de los primeros grupos paramilitares en el Magdalena Medio, ha sido la total ambigüedad en su caracterización y tratamiento. No sólo ha habido una constante oscilación entre su reconocimiento como actores políticos y el calificativo de grupos criminales, sino en el hecho de que distintos estamentos del estado tengan distintas relaciones con estos grupos.  A respecto existen al menos cuatro posturas en el seno del estado.

En primer término, los sectores que les han brindado todo su apoyo e, incluso, que los han incorporado plenamente en el dispositivo de contrainsurgencia de las fuerzas militares. Es imposible saber si esta política ha gozado de un respaldo de la cúpula militar. Sin embargo, sería intentar cubrir el sol con las manos negar el apoyo que han gozado estos grupos por parte de múltiples oficiales, brigadas y batallones en distintas regiones del país.

En segundo término, los sectores que consideran a estos grupos como un mal necesario debido a los pobres resultados de las fuerzas militares. Si bien se oponen a que se les brinde un apoyo, tampoco consideran conveniente desmontar a los únicos grupos que han logrado paralizar el avance de la guerrilla en algunas áreas del país.

En tercer término, los sectores del estado que piensan que estos grupos deben ser combatidos por la fuerza pública sin contemplaciones, debido a su carácter abiertamente criminal.

Finalmente, encontramos quienes consideran que estos grupos deben ser reconocidos como parte del conflicto, es decir, como actores políticos, y por tanto, que deben ser objeto de una negociación paralela una vez se abra camino la política de paz con la guerrilla.

A nuestro modo de ver, la actitud mayoritaria en el seno del estado es la segunda, o sea, la de la convivencia pragmática. Debido a la presión y denuncias tanto internacionales como nacionales piensan que es inconveniente un apoyo abierto, pero debido la ineficacia de las fuerzas militares y dada la capacidad ya probada de contención de los paramilitares, consideran que no sería tampoco deseable su desmonte. La consigna de este sector del estado podría ser: "ni se les apoya ni se les combate."

En la actualidad los grupos paramilitares cuentan con una fuerza de 4.000 a 5.000 hombres. Es decir, se trata de un aparato similar en su número al del ELN, distribuidos en unos 25 frente de guerra. Sus recursos provienen fundamentalmente de dos fuentes : hacendados y grupos de narcotraficantes. En buena medida, su fortaleza se deriva del apoyo logístico de muchos miembros de las fuerzas militares y de la policía, así como de la casi total impunidad para actuar.

Resquebrajamiento institucional

Colombia no puede, bajo ningún punto de vista, continuar por la vía de la privatización de la guerra y de la seguridad ciudadana, con una pérdida cada día mayor del monopolio de las armas y del monopolio de la justicia. El estímulo o la convivencia pragmática con los grupos paramilitares constituyen dos políticas absolutamente condenables, pues lejos de disminuir las dimensiones del conflicto las agrava y ahonda.

El estado debe decidir si los combate sin titubeos como a delincuentes comunes o abre el camino para su eventual incorporación a la vida civil mediante su reconocimiento como actores políticos. Pero la ambigüedad debe cesar. Cada día que transcurre va cerrando totalmente las posibilidades de la segunda opción: ¿cómo ofrecer amnistía a unos grupos que día a día cometen más y más crímenes de lesa humanidad, los cuales por principio están excluidos de una política de perdón y olvido?

¿Cuáles son las perspectivas futuras del conflicto que afecta a Colombia ? ¿Será necesaria una intervención militar externa para impedir el agravamiento del conflicto y para impedir un eventual triunfo de la guerrilla? ¿Es viable una salida negociada? Para responder a estas preguntas es necesario hacer algunas precisiones básicas.

En primer término, es importante constatar que el tiempo corre en contra de todos los actores armados que desafían la autoridad del estado. Por una parte, la creciente movilización de la comunidad internacional a favor de una salida negociada al conflicto colombiano y, por otra, la importante movilización de la comunidad nacional que se expresó, por ejemplo, con los 10 millones de votos depositados en octubre de 1.997 en apoyo a la política de paz, tienden a erosionar los ya muy precarios márgenes de legitimidad de los grupos armados.

En segundo término, existe una barrera económica para la expansión del movimiento insurgente. Aun cuando en los planes internos tanto del ELN como de las FARC se prevé para los próximos años doblar el número de hombres y de frentes, así como mejorar su infraestructura militar, es muy poco viable lograr estos objetivos por la limitación de recursos económicos, salvo que se transformen en carteles de la droga. Es decir, que en alguna medida, repitan la experiencia de las guerrillas maoístas en el triángulo de la amapola al norte de Myanmar.

En tercer trmino, existe una creciente barrera militar. Por una parte, el avance paramilitar en el norte del país está arrasando a sangre y fuego con las bases de apoyo del ELN y es probable que desplacen en 1.999 a este grupo guerrillero de sus santuarios estratégicos, en particular la Serranía de San Lucas. Por otra parte, la renovación actual de las Fuerzas Armadas les va permitir a mediano plazo recuperar sus insuficiencias tácticas con respecto a las FARC, en particular en el sur del país.

Colombia se halla en el ojo del huracán. No ha logrado superar el conflicto insurgente que constituía el eje de la agenda internacional en tiempos de la confrontación Este/Oeste y debe ya responder a las exigencias de la agenda mundial de la posguerra fría: derechos humanos, medio ambiente, corrupción y drogas ilícitas. Con lo cual, día a día, se ahonda su vulnerabilidad internacional.

A su turno, esta simultaneidad de los conflictos del pasado y del presente ahonda su vulnerabilidad interna. En los últimos años se tiende a agravar no sólo el clima de violencia ya crónico que afecta al país desde hace varias décadas, sino que tienden a deteriorarse los indicadores de derechos humanos y aumentan los niveles de corrupción, el tráfico de drogas y la destrucción del medio ambiente.

De esta manera, Colombia se ha ido convirtiendo en un país problema para la comunidad internacional. De sólidos aliados de occidente en el período de la guerra fría estamos transitando hacia una situación de aislamiento y condena. En este punto, es indispensable recordar las transformaciones que está sufriendo en la actualidad la doctrina de la soberanía nacional y, por tanto, la sacrosanta autonomía de los pueblos. Tanto Naciones Unidas como múltiples naciones desarrolladas defienden hoy en día una tesis contraria, el derecho de intervención por razones humanitarias. Su aplicación no se ha hecho esperar: Bosnia, Haití y Somalia son sólo algunos ejemplos.

Más allá de los efectos positivos o negativos que hayan tenido estas experiencias de intervención militar externa, en Colombia muchos analistas hablan de los riesgos de una escalada del conflicto. En efecto, si hoy por hoy la guerrilla es percibida por la inmensa mayoría de la población como uno de los peores cánceres que corroen al país, una intervención externa le proporcionaría una inesperada base de legitimidad política como agente de lucha contra el invasor externo. Por ello, es necesario insistir hasta el cansancio en la necesidad de la internacionalización no de la guerra sino de la paz.

La exitosa negociación celebrada entre el gobierno guatemalteco y la UNRG le permitió finalmente a la convulsionada región centroamericana encontrar la paz e impulsar tareas urgentes en el plano del desarrollo económico, la democratización política y la integración regional. Tanto en el caso de El Salvador como en el caso de Guatemala se contó con la presencia mediadora tanto de un Grupo de Países Amigos como de Naciones Unidas. El papel de este organismo multilateral fue no sólo estratégico en el plano de la paz, sino, igualmente, en el proceso posterior de la reconstrucción nacional como garantes del cumplimiento de los acuerdos.

Colombia se halla en un momento de peligroso escalamiento del conflicto y en medio de un clima de honda desconfianza, lo cual hace muy improbable una solución fundada sólo en actores internos. No creemos que la sociedad colombiana pueda tolerar otra reedición de negociaciones que de entrada, parecen destinadas al fracaso por la terca insistencia de las partes en buscar ventajas particulares o victorias pírricas. No creemos tampoco que nuestra economía pueda seguir resistiendo los múltiples costos de la confrontación. Tanto los costos directos como la pérdida de competitividad internacional nos están conduciendo a una situación inmanejable.

Si no jugamos con audacia todas las cartas disponibles para lograr la paz, sin duda Colombia va a ser el país que va a llegar en peor estado al siglo XXI en toda América Latina.

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